La Justicia determinó que el anestesiólogo no mantuvo la vigilancia continua durante el procedimiento y lo declaró responsable por homicidio culposo.
Las autoridades de Argentina investigaron la muerte de un niño de cuatro años identificado como Valentín, quien perdió la vida luego de una cirugía de rutina en un sanatorio de General Roca, en la provincia de Río Negro.
Según medios locales, el menor ingresó al centro médico para una intervención quirúrgica de baja complejidad.
Durante el procedimiento sufrió una lesión cerebral provocada por falta de oxígeno y flujo sanguíneo, situación que derivó en su fallecimiento días después.
La madre del niño, Ariana Toledo, denunció a los médicos que participaron en la cirugía. Aseguró que su hijo entró al quirófano en buen estado de salud y que nunca les advirtieron sobre riesgos mayores asociados al procedimiento.
La investigación judicial determinó que el anestesiólogo, identificado como Javier Atencio Krause, no mantuvo la vigilancia anestésica continua requerida por los protocolos médicos.
El proceso acreditó que el menor presentó un período prolongado sin registros de oxigenación ni presión arterial, lo que ocasionó un daño neurológico irreversible.
Doctor usaba el celular
El expediente también estableció que el profesional utilizó su teléfono celular durante la cirugía y que incluso se ausentó momentáneamente del quirófano.
Esa conducta impidió detectar a tiempo una obstrucción en el sistema de ventilación del paciente. La acusación sostuvo que el niño permaneció aproximadamente diez minutos sin registros adecuados en los monitores, un lapso crítico para la oxigenación cerebral.
El fiscal del caso argumentó que el anestesiólogo incurrió en una omisión grave de los cuidados exigidos, lo que provocó el resultado fatal. El juez coincidió con esa valoración y lo consideró penalmente responsable del delito de homicidio culposo.
Tras la intervención, el equipo médico trasladó al menor a terapia intensiva, donde permaneció varios días bajo observación. Los especialistas confirmaron posteriormente el diagnóstico de muerte cerebral, y la familia autorizó la desconexión del soporte vital.
¿Qué sucedió en la audiencia?
En la audiencia de cesura, el Ministerio Público solicitó tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. Los representantes legales de la familia respaldaron esa petición. La defensa pidió la pena mínima y una restricción limitada al ejercicio en el área pediátrica.
El tribunal encuadró el caso dentro del homicidio culposo, figura que contempla muertes derivadas de negligencia o incumplimiento de deberes profesionales sin intención directa de causar daño.
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