El próximo 23 de febrero, cada uno de los equipos de defensa presentará sus objeciones a los medios probatorios y evacuará las pruebas que consideren necesarias.
En la audiencia inicial en contra de los imputados por el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se reanudará el próximo 23 de febrero, informó este martes el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
Silva explicó que la continuación de la audiencia fue programada para esa fecha luego de que los equipos de defensa solicitaran al juez que todo el expediente sea digitalizado, con el fin de contar con el tiempo necesario para revisar, analizar y posteriormente objetar cada una de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Detalló que el expediente completo será digitalizado y entregado a las partes el próximo viernes. Asimismo, explicó que el Ministerio Público presentó un total de 47 medios de prueba.
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“El ente acusador del Estado durante la jornada de este día ha ofertado un total de 47 medios de prueba en general: 34 documentales, cinco testificales, siete pericias y una evidencia”, precisó.
¿Qué va a pasar en la continuación de la audiencia?
El próximo 23 de febrero, cada uno de los equipos de defensa presentará sus objeciones a los medios probatorios y evacuará las pruebas que consideren necesarias.
Tras este proceso, el juez deberá emitir una resolución, la cual podría ser un sobreseimiento definitivo, un sobreseimiento provisional o un auto de formal procesamiento. Esta última resolución implicaría el inicio de un juicio contra los imputados.
Por su parte, el abogado defensor Percy Elvir señaló que dentro de las pruebas presentadas se incluyen pericias telefónicas, autorizadas por los propios acusados y algunos testigos.
Según el profesional del derecho, se realizaron seis pericias telefónicas, mediante las cuales se efectuaron las descargas correspondientes de los dispositivos móviles.
Caso Sedesol
El caso Sedesol involucra a varios empleados de la Secretaría de Desarrollo Social, entre ellos el exsecretario José Carlos Cardona y la diputada suspendida Isis Carolina Cuéllar, quienes son acusados por el delito de fraude.
El Ministerio Público imputa a los señalados un total de 67 delitos de fraude contra cada uno de los 12 acusados incluidos en el requerimiento fiscal.
Tras la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó dictar la medida de arresto domiciliario a los acusados y, en el caso de la diputada Cuéllar, ordenó su suspensión del cargo como congresista. Estas medidas continuarán vigentes mientras avanza el proceso judicial.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el monto supuestamente defraudado asciende a 6,032,654 lempiras.