La Procuraduría impulsa una reforma legal y pide más poder para cerrar espacios históricos a la corrupción estatal.
La Procuraduría General de la República (PGR) quiere asumir un papel central en la lucha contra la corrupción y blindar las compras públicas con una nueva Ley Antisobornos.
Ese es el eje de la propuesta impulsada por el abogado Dagoberto Aspra, procurador, quien confirmó que la institución busca heredar funciones de la Secretaría de Transparencia y acompañar una profunda reforma al sistema de contratación del Estado.
El planteamiento combina dos frentes: mayor poder institucional para supervisar el gasto público y una normativa que obligue a funcionarios y proveedores a cumplir estándares estrictos contra el soborno y la colusión.
La iniciativa, explicó Aspra, se enviará en los próximos días al Congreso Nacional como parte de los compromisos asumidos por el gobierno del presidente Nasry Asfura.
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PGR: una reforma para cerrar las puertas al soborno
Pero además la PGR está promoviendo una nueva Ley de Contratación del Estado, elaborada junto al Consejo Nacional Anticorrupción, la Secretaría de Finanzas y expertos de la Procuraduría, con el objetivo de convertir la transparencia en una obligación legal.
El proyecto establece un sistema de compras públicas basado en plataformas digitales, certificación de compradores, evaluación de proveedores y monitoreo permanente de cada proceso.
“El propósito es que el dinero público deje de manejarse en espacios opacos”, sostuvo Aspra, al referirse a los históricos vacíos que permitieron sobrevaloraciones, favoritismos y contratos amañados.
Compras en tiempo real y vigilancia tecnológica
Uno de los pilares de la reforma es la creación de un sistema electrónico inspirado en el modelo chileno, que permitirá observar en tiempo real cómo y qué compra el Estado.
Las plataformas concentrarán licitaciones, contratos, adjudicaciones y pagos, reduciendo el contacto directo entre funcionarios y empresas privadas.
Además, los procesos se auditarán mediante software especializado, análisis automatizado y herramientas de inteligencia artificial, diseñadas para detectar patrones sospechosos antes de que se consoliden.
ONCAE: de oficina administrativa a agencia estratégica
Otro cambio clave será el fortalecimiento de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, que pasará a operar como una agencia con mayor autonomía técnica.
El nuevo modelo centralizará las compras públicas, estandarizará procedimientos y limitará la discrecionalidad, uno de los principales focos de corrupción en el pasado.
Con ello, el gobierno pretende crear una sola “puerta de entrada” para los contratos estatales.
En paralelo, Aspra confirmó que la Procuraduría busca asumir atribuciones que hoy ejerce la Secretaría de Transparencia, institución que podría desaparecer y sustituirse por un delegado presidencial.
Entre esas funciones están la auditoría institucional, la supervisión administrativa y el diseño de políticas anticorrupción.
Aunque el traslado formal aún no se concreta, Aspra asegura que la PGR ya trabaja bajo esa lógica, aprovechando su rango constitucional y su papel jurídico dentro del Estado.
“La estrategia nacional anticorrupción debe tener respaldo legal y capacidad real de acción”, afirmó.
Honduras busca cerrar las puertas de la corrupción
La apuesta del gobierno combina poder institucional, tecnología y nuevas reglas legales para atacar uno de los núcleos históricos de la corrupción: las compras del Estado.
Si la PGR logra asumir el liderazgo prometido y la Ley Antisobornos se aplica sin excepciones, Honduras podría iniciar un cambio estructural en el manejo del dinero público.
Pero si las reformas se diluyen en el trámite político o en acuerdos internos, el país volverá al mismo punto de partida.
La diferencia, esta vez, no estará en lo que se apruebe en el Congreso, sino en lo que realmente se cumpla después.
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