El arresto domiciliario otorgado en el caso Sedesol genera dudas sobre equidad, privilegios y la aplicación real de la justicia en Honduras.
Luego de que varios acusados en el caso Sedesol, entre ellos la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, recibieran medidas sustitutivas a la prisión preventiva, volvió al centro del debate público una pregunta clave: ¿qué es el arresto domiciliario y por qué se aplica a algunos acusados y a otros no?
La medida ha generado críticas desde distintos sectores, especialmente por tratarse de un caso que involucra fondos públicos, presunta corrupción y un contexto político-electoral que, según analistas, debilita aún más la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
¿Qué es el arresto domiciliario y para qué sirve?
Jean Carlo Panameño, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), explicó que el arresto domiciliario es una medida cautelar cuyo objetivo principal es garantizar que el imputado comparezca al proceso judicial y no se dé a la fuga, cuando se considera que no representa una alta peligrosidad social.
“El arresto domiciliario implica una privación de la libertad, aunque se cumpla dentro de una vivienda. La persona no puede desplazarse libremente, pero tampoco está recluida en un centro penitenciario”, detalló Panameño.
Sin embargo, aclaró que esta medida debe aplicarse bajo criterios estrictos y coherentes, especialmente cuando se trata de delitos graves relacionados con corrupción, lavado de activos o estructuras criminales complejas.
El problema del privilegio parlamentario
Uno de los puntos más cuestionados en el caso de la diputada Isis Cuéllar es que, según ASJ, el proceso se habría aplicado al revés.
Panameño explicó que el Congreso Nacional debió primero suspenderla del cargo o retirarle el estatus de privilegio parlamentario antes de imponer una medida que restringe su libertad.
“Se ha confundido impunidad con inmunidad. Mientras conserve su estatus de diputada, no se le puede privar de la libertad, y el arresto domiciliario lo es”, subrayó.
Incluso, advirtió que esta situación podría abrir la puerta a recursos legales por una mala aplicación de la ley, lo que obligaría posteriormente a una revisión o cambio de medidas, sumando más retrasos a un sistema judicial ya marcado por la mora.
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Contrario a la percepción ciudadana, una persona bajo arresto domiciliario puede tener acceso a internet, teléfono, televisión, redes sociales y recibir visitas, siempre que no viole las condiciones impuestas por el juez.
En la práctica, la vigilancia suele limitarse a la presencia de agentes policiales, una medida que expertos consideran obsoleta ante los desafíos actuales de seguridad y control.
Un caso grande, un monto que genera dudas
El requerimiento fiscal en el caso Sedesol menciona más de 67 líneas de investigación por delitos de fraude y un monto superior a los seis millones de lempiras. Para Panameño, esa cifra resulta baja frente a la magnitud del esquema denunciado.
“En estructuras de este tipo suelen aparecer delitos como testaferrato, lavado de activos, falsificación de documentos, robo de identidad y hurto. Pensar que solo unas pocas personas están implicadas es ingenuo”, afirmó Panameño.
Según explicó, ninguno de estos delitos contempla penas menores a seis años de prisión, lo que refuerza el cuestionamiento sobre la pertinencia de aplicar medidas sustitutivas.
ASJ denuncia justicia selectiva
Por su parte, Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, fue más contundente al calificar la resolución judicial como una muestra de justicia selectiva.
Hernández señaló que, aunque el fallo debe respetarse, no se comparte, ya que el daño causado trasciende lo económico y afecta directamente la democracia, la institucionalidad y la vida de personas vulnerables que habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos.
“Para quien tiene poder político y económico hay una justicia; para el pobre, prisión. Eso es condenable y explica por qué la ciudadanía ha perdido la confianza en el sistema”, expresó.
Además, exhortó al Ministerio Público a continuar con las investigaciones, recordando que aún hay más personas pendientes de ser capturadas o presentadas ante los tribunales.
Un llamado al Congreso Nacional
Tanto Panameño como Hernández coincidieron en que este caso debe servir como un punto de inflexión para que el Congreso Nacional legisle y evite que se repitan esquemas de corrupción similares.
“En Honduras pareciera que reciclamos corruptos. Cambian los nombres, pero el daño a las instituciones y al pueblo sigue siendo el mismo”, concluyó Hernández.