El caso del apóstol Santiago Zúñiga suma nuevos detalles que generan polémica. Su detención y el traslado de un menor dividen opiniones y despiertan dudas.
En medio de reportes que han comenzado a circular en las últimas horas, el medio TVR El Salvador informó sobre la detención de un ciudadano hondureño identificado como Santiago Cruz Zúniga, de 59 años, conocido públicamente como el “Apóstol Chago”.
Las autoridades lo señalan por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilegal de personas, un caso que ha generado atención en la zona fronteriza.
Agentes de la Policía Fronteriza detuvieron a Santiago Zúniga en el punto de control de El Amatillo, en el sector del Puente Goascorán. Junto a él arrestaron a Lidia Sarahay Maldonado Matute, de 38 años, quien enfrenta los mismos cargos según los informes preliminares de las autoridades salvadoreñas.

De acuerdo con la información oficial, ambos habrían intentado evadir los controles migratorios y policiales para ingresar a territorio salvadoreño. Durante la inspección del vehículo, los oficiales detectaron que trasladaban a un menor de edad, quien no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras, lo que agravó la situación legal de los detenidos.
Santiago Apóstol bajo investigación por menor eleva la gravedad del caso
La investigación se complicó al comprobar que trasladaban al menor en condiciones peligrosas. El informe policial indica que el modo de transporte ponía en riesgo grave su integridad; ya que el espacio y la forma del viaje podían causar asfixia, aumentando la gravedad del caso.
Las autoridades pusieron a Santiago Cruz Zúniga y a Lidia Sarahay Maldonado Matute a disposición de los organismos competentes para continuar con el proceso legal.
En redes sociales, el usuario Frank González respaldó al líder religioso, asegurando que alguien habría tendido una supuesta trampa y afirmando que el acusado superará la situación fortalecido.

Sin embargo, la reacción en plataformas digitales no ha sido uniforme. Otros internautas manifestaron posturas duramente críticas, como Fernando Cortez, quien señaló que el implicado debe asumir las consecuencias legales de sus actos, evidenciando la fuerte polarización de opiniones que ha despertado este caso.
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