Dinero hay, pero sin licencias, ley de vivienda aplicada ni seguridad jurídica, la inversión en vivienda seguirá estancada, coinciden expertos.
Honduras enfrenta una crisis estructural de vivienda que va más allá del acceso al financiamiento y toca un punto neurálgico del Estado: la incapacidad de destrabar permisos, licencias y trámites que hoy paralizan la construcción habitacional.
Ese fue el eje central del análisis desarrollado en el programa Frente a Frente, donde expertos del sector financiero, la industria de la construcción y el análisis social coincidieron en una advertencia clara: aun con recursos disponibles, sin seguridad jurídica ni agilidad institucional no habrá viviendas suficientes para reducir el déficit que afecta a millones de hondureños.
La promesa del presidente Nasry ‘Tito’ Asfura de invertir 15 mil millones de lempiras anuales en vivienda y producción genera expectativas positivas, pero su cumplimiento dependerá de decisiones estructurales que permitan que el dinero se traduzca en proyectos concretos, empleo y acceso real a vivienda digna.
En el programa de este viernes en Frente a Frente se abordó el tema: ¿Cree usted que el presidente Asfura cumpla con esa promesa de invertir 15 mil millones de lempiras al año, 60 mil millones en su período gubernamental para producción y vivienda?, una pregunta que abrió el debate sobre la viabilidad financiera, institucional y social de una de las principales apuestas del nuevo gobierno en materia de desarrollo económico y bienestar social.
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Como invitados participaron Edwin Araque, expresidente del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi); Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico); y el sociólogo Marcio Sierra, quienes aportaron visiones complementarias sobre vivienda, empleo, producción y desigualdad territorial.
Un déficit de vivienda que evidencia el rezago histórico
Desde el inicio del análisis, Gustavo Boquín puso sobre la mesa la magnitud del problema habitacional en el país. Según datos de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Honduras arrastra un déficit superior a 1.6 millones de viviendas, de las cuales cerca de 970 mil deben construirse desde cero y el resto requiere mejoras mayores.
Traducido en personas, la cifra es contundente: casi seis millones de hondureños no tienen vivienda propia, lo que convierte a Honduras en uno de los países más atrasados de la región en materia de vivienda y saneamiento básico.
“Cuando usted tiene un déficit de 1.6 millones de viviendas en un país de 10 millones de habitantes, está hablando de que más de la mitad de la población no tiene casa propia. Eso no es solo un problema urbano, es un problema social, sanitario y económico”, afirmó Boquín durante el programa.
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El dirigente empresarial subrayó que la vivienda es el motor principal de la industria de la construcción, al representar cerca del 60 % de su actividad, por lo que cualquier freno en este sector impacta directamente en el empleo y en el crecimiento económico.
Dinero hay, permisos no
Uno de los puntos más reiterados por los panelistas fue que el principal obstáculo para expandir la construcción de vivienda no es la falta de recursos financieros, sino la tramitología.
Boquín fue enfático al señalar que obtener permisos de construcción, especialmente licencias ambientales y autorizaciones municipales, puede tardar hasta cuatro años, lo que desincentiva la inversión en vivienda social y empuja a los desarrolladores hacia proyectos de clase media o alta.
“Hoy el país no tiene inventario de vivienda social. Aunque mañana aparezcan 23 mil millones de lempiras para financiar casas, no hay proyectos listos porque los permisos se tardan años. Sin permisos no hay casas, y eso es lo que tiene paralizada a la industria“, advirtió.
Esta situación, agregó, ha provocado la pérdida de decenas de miles de empleos y la migración de mano de obra calificada hacia otros países de la región donde sí existen condiciones para construir.
Una capacidad limitada frente a una demanda creciente
A esta problemática institucional se suma una limitación estructural: la capacidad real de construcción del país, que hoy está directamente condicionada por el marco normativo y su aplicación.
El presidente de la Chico explicó que, incluso en los mejores años, Honduras no ha logrado construir más de 30 mil viviendas anuales, una cifra muy inferior a lo que se requiere para reducir de forma sostenida el déficit habitacional.
Según detalló, existe una Ley de Vivienda ya aprobada, diseñada precisamente para triplicar la capacidad de producción habitacional del país y crear las condiciones para alcanzar hasta 100 mil viviendas por año; sin embargo, su impacto ha sido limitado porque no se ha reglamentado ni aplicado de forma efectiva.
La experiencia de Banhprovi y el uso de los recursos
Desde la perspectiva financiera, Edwin Araque explicó que durante su gestión en Banhprovi (en el gobierno de Xiomara Castro) se logró la mayor expansión crediticia en la historia de la institución, con inversiones que superaron los 25 mil millones de lempiras en vivienda y producción, generando más de un millón de empleos directos e indirectos.
Sin embargo, Araque alertó que decisiones legales y presupuestarias tomadas en el gobierno anterior han limitado la sostenibilidad de ese esfuerzo, como la supresión de los fideicomisos para vivienda, y las utilidades de Banhprovi se transfieren al Banco Central con el fin de destinarlo a gasto corriente. “Es una irracionalidad que se dio, yo hice esfuerzos para revertir, pero no se logró”.
“Banhprovi demostró que la política de vivienda es una de las más efectivas para generar empleo y crecimiento económico. El problema es que la ley obliga al banco a transferir utilidades al Banco Central, lo que reduce su capacidad de seguir financiando viviendas. Cada año que se hace eso, se pierden cientos de casas de interés social”, explicó Araque.
El economista sostuvo que la promesa del gobierno de Asfura de invertir 15 mil millones de lempiras anuales es factible si se capitaliza adecuadamente a Banhprovi, se utilizan mecanismos financieros modernos y, sobre todo, si se garantiza estabilidad normativa.
Condiciones de financiamiento de viviendas
En cuanto a las condiciones de financiamiento, explicó que uno de los mayores logros recientes en política de vivienda fue la reducción histórica de las tasas de interés y la ampliación de los plazos, precisamente para hacer viable el acceso a una casa propia.
Detalló que, tras estudios de mercado y análisis de capacidad de pago, Banhprovi estableció tasas de 4 % anual para vivienda social y 7 % para vivienda media, con plazos extendidos de hasta 30 años y, en algunos casos, cero prima inicial.
Vivienda, producción y territorio
El sociólogo Marcio Sierra amplió el debate hacia el área rural, recordando que más de 300 mil familias viven en condiciones precarias, sin vivienda digna ni seguridad alimentaria. “Probablemente mucha gente que está en condiciones ha migrado a Estados Unidos”.
A su juicio, la inversión en vivienda debe ir acompañada de políticas de desarrollo local, fortalecimiento de cadenas productivas y generación de ingresos sostenibles.
El consenso final del foro fue claro: la promesa presidencial puede convertirse en una oportunidad histórica para reducir el déficit habitacional, pero solo si se corrigen los cuellos de botella institucionales que hoy impiden construir. Sin permisos ágiles, sin reglas claras y sin una visión integral, el dinero seguirá existiendo solo en el papel.
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