La designada María Antonieta Mejía afirma que el gobierno anterior recetó aumentazos y pago de L1,400 millones mensuales en alquiler de vehículos.
La designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que la administración del presidente Nasry Asfura recibió las finanzas del Estado en una situación “crítica”, tras detectar incrementos salariales de último momento, pagos irregulares y un gasto millonario en alquiler de vehículos, heredados del gobierno de Xiomara Castro, lo que habría dejado prácticamente vacía la Caja Única del Tesoro.
“La realidad es que dejaron las arcas casi en cero y sin una transición ordenada”, afirmó Mejía durante una entrevista en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5.
Según la funcionaria, auditorías preliminares revelan que mientras médicos, enfermeras, docentes y estudiantes permanecían sin recibir pagos, altos funcionarios se aprobaron aumentos salariales y beneficios económicos en los meses finales de la gestión Castro.
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“Personas que ganaban entre 25 mil y 30 mil lempiras pasaron a ganar hasta 70 mil lempiras. Eso se hizo en diciembre y enero, al minuto 90″, denunció.
Millones en alquiler de vehículos
Uno de los hallazgos que más preocupa al nuevo gobierno es el gasto en renta de automóviles. De acuerdo con Mejía, el gobierno de Castro llegó a destinar hasta 1,400 millones de lempiras mensuales solo en alquiler de vehículos.
“Ese dinero pudo haberse utilizado para pagarle a médicos, maestros o proveedores del Estado, pero se priorizaron otros compromisos”, señaló.
La designada presidencial adelantó que cada Secretaría de Estado presentará públicamente una rendición de cuentas, detallando cómo recibió sus finanzas y qué irregularidades se han encontrado.
Pagos irregulares y plazas duplicadas
Mejía también confirmó la existencia de pagos de indemnizaciones, reconocimientos acelerados de antigüedad y plazas duplicadas, especialmente en el sector salud.
“Se encontraron casos de doble pago, plazas por la mañana y por la noche, y beneficios otorgados sin planificación financiera”, explicó.
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Agregó que varios de estos desembolsos fueron frenados por la Secretaría de Finanzas mientras se analiza si cumplen con la normativa vigente.
“Encontramos la Caja Única del Tesoro vacía, escurrida y torcida. Ni poniéndola de cabeza apareció un solo lempira. Se repartieron con la cuchara grande al final de la gestión” dijo la designada.
“Estamos ordenando lo que dejaron”
La funcionaria subrayó que la falta de entrega de claves de acceso, registros de firmas y una transición formal complicó aún más el proceso de pagos en los primeros días del nuevo gobierno.
“Estamos haciendo todo de manera legal y formal. No vamos a repetir prácticas que dañaron al Estado”, sostuvo.
Finalmente, Mejía aseguró que el gobierno tiene el compromiso de honrar los pagos que estén en legalidad, pero también de transparentar y corregir los abusos detectados.
Analista: gasto contrasta con el aumento de la pobreza
Como reacción a estas cifras, el analista de datos Efraín Farach advirtió que el nivel de gasto en alquiler de vehículos contrasta de forma directa con el deterioro social del país.
Farach recordó que, mientras se destinaban miles de millones de lempiras a vehículos de lujo, la pobreza en Honduras aumentó 3.6 puntos porcentuales pasando de 59.3% en 2019 a 62.9% en 2025.
“Cerca de 17 mil millones de lempiras (en alquiler de vehículos) cada año, mientras la pobreza en el país aumentaba 3.6%”, señaló Farach en su cuenta en la red social X.
“Repitieron lo que criticaban”, señala abogado
Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, las prácticas denunciadas representan una continuidad de esquemas heredados de gobiernos anteriores.
Barrientos recordó que el alquiler de vehículos y el pago de prestaciones a altos funcionarios se originaron en administraciones pasadas, particularmente durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
“En honor a la verdad, fueron buenos alumnos. Aprendieron muy bien la lección y la perfeccionaron”, afirmó.
El jurista advirtió que cualquier acción penal dependerá de un informe definitivo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), requisito previo para que el Ministerio Público pueda actuar.
ASJ pide controles preventivos
Desde la sociedad civil, José Perdomo, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que el reto del nuevo gobierno no es solo ordenar las finanzas, sino transparentar el uso de los recursos públicos y prevenir abusos.
“No podemos seguir con controles que solo reaccionan al final de un gobierno. Se necesitan mecanismos preventivos y acceso a la información”, indicó.
Perdomo insistió en la urgencia de reformar la Ley de Servicio Civil, fortalecer los regímenes sancionatorios y garantizar la meritocracia en la administración pública.
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