El presidente eligió hacer una toma de posesión austera, sencilla e íntima.
La decisión del presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura de realizar su toma de posesión en el Congreso Nacional y no en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera representó un ahorro millonario para el Estado hondureño, estimado entre 70 y 75 millones de lempiras, según una fuente consultada por TuNota.
De acuerdo con información proporcionada por una fuente cercana al nuevo gobierno, la tradicional toma de posesión en el estadio implica una fuerte carga financiera para la administración entrante.
Por experiencia y antecedentes, solo la movilización de militantes y dirigentes políticos, que incluye al menos 10 autobuses por cada departamento, alimentación y otros gastos logísticos, representa un costo no menor a 50 millones de lempiras, explicó la fuente.

A esto se suma la atención a delegaciones internacionales, ya que en ceremonias anteriores el Gobierno asumía los gastos de pasajes, hoteles, alquiler de vehículos, seguridad y alimentación especial para representantes de países amigos, lo que eleva el gasto en unos 15 millones de lempiras adicionales.
Asimismo, el montaje del evento en el estadio, el arreglo del recinto, logística operativa y dispositivos de seguridad representan entre 5 y 10 millones de lempiras más.
“En resumen, el señor Asfura conoce perfectamente ese gasto y al hacerlo en el Congreso Nacional, el desembolso es mínimo”, señaló la fuente.
¿Por qué no se hizo la toma de posesión en el estadio?
Este 27 de enero, Asfura rompió con una tradición que se venía repitiendo desde 1957: realizar la investidura presidencial en el Estadio Nacional. En su lugar, asumió el cargo en el hemiciclo legislativo, donde el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, le tomó la promesa de ley.
La decisión, según fuentes cercanas al mandatario, se basó en la austeridad, especialmente ante la incertidumbre sobre el estado real de las finanzas públicas que deja la administración saliente.
El artículo 244 de la Constitución de la República establece que el presidente debe rendir su promesa de ley ante el presidente del Congreso Nacional, y solo en su defecto ante otra autoridad, por lo que no existe obligación legal de realizar el acto en un estadio.