Espinoza señaló a varios funcionarios y exfuncionarios que -según su criterio-, deben ser investigados y enjuiciados por actos ilegales.
La exdiputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, reiteró este lunes en el programa Frente a Frente que en Honduras no falta legislación, sino voluntad política para hacer cumplir la ley y garantizar justicia ante violaciones a la Constitución y la Ley Electoral.
“Póngale una sanción penal a alguien que en un cargo del Estado no cumpla”, dijo Espinoza, enfatizando que sin consecuencias, los abusos se repiten y se socava el Estado de derecho.
Impunidad de funcionarios y magistrados
Espinoza señaló a varios funcionarios y exfuncionarios que deben ser investigados y enjuiciados por actos ilegales durante mandatos pasados:
- Cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, de los cuales dos ya fallecieron.
- Marlon Ochoa, consejero del CNE.
- Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral.
- Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas.
- Luis Redondo, expresidente del Congreso, y los nueve miembros de la “ilegal Comisión Permanente“.
- Incluso, mencionó a la presidenta Xiomara Castro, por supuestas responsabilidades en actos que atentaron contra la Constitución.
Espinoza recalcó que estos señalamientos están contemplados tanto en la Ley Electoral como en el Código Penal y que, en un Estado de derecho, quienes violan la ley deben responder ante la justicia.
Fiscal general bajo escrutinio
La exdiputada también criticó al fiscal general Johel Zelaya, a quien acusó de incumplir sus deberes y advirtió que debería ser sometido a juicio político si no actúa con independencia y eficacia.
“Si el fiscal general incumplió con sus deberes, debe ser sometido a juicio político para que lo puedan enjuiciar. Mire, si en este país no se pone orden, estamos listos y servidos”, afirmó Espinoza.
¿Debe eliminarse la Secretaría de Derechos Humanos?
Del mismo modo, Espinoza sugirió la eliminación de la Secretaría de Derechos Humanos para evitar duplicidad de funciones con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Según la exdiputada, el Poder Ejecutivo debe optimizar sus recursos y evitar la creación de instituciones “paralelas” que diluyen las funciones constitucionales de órganos ya establecidos.
Para la liberal, la existencia de esta secretaría resulta redundante frente a la labor del Conadeh, argumentando que es el propio Estado el principal ente que debe ser vigilado en materia de derechos fundamentales.
Esta postura fue inmediatamente contrariada por la abogada Ana Pineda, quien defendió la permanencia de la Secretaría de Derechos Humanos basándose en su naturaleza técnica y de formulación de política pública, diferenciándola de la labor de fiscalización y queja que realiza el Comisionado Nacional.
“La Secretaría de Derechos Humanos es una secretaría eminentemente técnica que va a dirigir la política pública en materia de derechos humanos; por lo tanto, es quien asume la asesoría para el presidente de la República, incluso para los otros poderes y órganos públicos en materia de derechos humanos”, acotó.
Pineda agregó, que esta secretaría, “no es una paralela del Comisionado Nacional en cuanto a que el Comisionado Nacional es un órgano que tiene un rango constitucional para velar por los derechos y libertades fundamentales atendiendo las quejas, investigándolas y presentando informes con recomendaciones, mientras que la secretaría representa al administrador general del Estado”.
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