El secuestro ocurrió en 2017, la víctima estuvo cautiva tres días. Pedían L500,000. La sentencia llegó tras la deportación del acusado.
Ocho años después de haber sido interceptado en una carretera del norte del país, el secuestrador de un exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) finalmente recibió una condena.
El fallo pone punto final a un caso que mantuvo en vilo a una familia, activó operativos antisecuestro y dejó al descubierto las grietas de seguridad que enfrentan incluso los altos funcionarios del Estado.
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El secuestrador que mantuvo en cautiverio al exgerente de Hondutel
El 29 de agosto de 2017, el exgerente de Hondutel (cuyo nombre se omite por su seguridad) se desplazaba desde el municipio de Potrerillos hacia Río Lindo (San Francisco de Yojoa), en el departamento de Cortés, cuando fue interceptado por un grupo criminal.
En cuestión de minutos, el trayecto cotidiano se transformó en un secuestro que se prolongó durante 72 horas.
Durante ese tiempo, los captores exigieron 500 mil lempiras a cambio de su liberación. La presión, la incertidumbre y el temor marcaron cada hora del cautiverio, mientras las autoridades activaron protocolos de búsqueda y rastreo.
Investigación antisecuestros y rescate
La investigación quedó en manos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), que logró ubicar el vehículo de la víctima y seguir pistas clave hasta el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara.
El operativo permitió rescatar al exgerente con vida y capturar a varios implicados. Sin embargo, un secuestrador logró salir del país, prolongando el proceso judicial durante años.
No fue sino hasta abril de 2025, tras su deportación desde Estados Unidos, que Nelson Paz Rodríguez quedó a disposición de la justicia hondureña.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) retomó el caso y presentó las pruebas acumuladas durante años de investigación, que permitieron sostener la acusación por el delito de secuestro.
La condena
Mediante un procedimiento abreviado, el tribunal dictó una sentencia de seis años de prisión contra Paz Rodríguez.
Además, impuso una prohibición de residencia por 12 años, una sanción que implica que, tras salir de prisión, el condenado no podrá residir cerca de la víctima.
Esto lo determina el juez para proteger a la víctima y limitar su capacidad de volver a operar en el entorno donde cometió el secuestro.
Aunque la pena puede parecer breve frente a la gravedad del delito, el fallo representa un cierre judicial para la víctima y un precedente dentro de los procesos antisecuestro.
La condena al secuestrador del exgerente de Hondutel no borra las horas de cautiverio ni los años de espera, pero sí marca un punto final.
Ocho años después, el expediente deja de ser una herida abierta y se convierte en una advertencia: el tiempo puede dilatar la justicia, pero no necesariamente la cancela.
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