El cierre del estado de excepcíón reabre el debate sobre seguridad, resultados reales y el rumbo que tomará el nuevo gobierno.
El estado de excepción en Honduras llega a su punto final. El próximo 26 de enero de 2026, vencerá la última prórroga de una medida que se mantuvo casi de forma permanente durante más de tres años y que fue renovada en 26 ocasiones, en su mayoría sin ratificación del Congreso Nacional.
Su cierre, confirmado por el nuevo gobierno, marca un punto de quiebre en la estrategia de seguridad del país y abre un nuevo capítulo lleno de interrogantes.
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Estado de excepción, medida prolongada y bajo constante cuestionamiento
Desde su aprobación el 6 de diciembre de 2022, el estado de excepción se convirtió en el principal instrumento del Ejecutivo para enfrentar la violencia, la extorsión y el crimen organizado.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las renovaciones continuas alimentaron la polémica.
Sectores académicos y de derechos humanos comenzaron a cuestionar no solo la legalidad de su prolongación, sino también su efectividad real.
Para una parte de la población, la promesa de recuperar la seguridad no se tradujo en mejoras visibles en la vida cotidiana.
Resultados en disputa: homicidios a la baja, delitos persistentes
Las evaluaciones sobre el impacto del estado de excepción no son unánimes. Desde el Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas reconoce que la medida pudo justificarse en su momento, pero dice que no logró atacar problemas estructurales.
“Hay temas que no lograron disminuirse: la extorsión, la criminalidad organizada o el narcotráfico, que son dos de los ejes centrales de los estados de excepción”, señala.
Una lectura similar plantea Carlos Sierra, del Ciprodeh, quien recuerda que, bajo estándares internacionales, este tipo de medidas se asocian a contextos de extrema gravedad.
“Tener un estado de excepción implica estar en alerta máxima. En países que no están en guerra, la tasa debería rondar entre ocho o nueve homicidios por cada cien mil habitantes”, advierte.
La defensa oficial de la medida
Desde el gobierno saliente, la valoración es distinta. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió públicamente el estado de excepción y afirmó que la estrategia permitió una reducción significativa de los homicidios.
“El gobierno tomó muchas decisiones en materia de seguridad que permitieron bajar la tasa de homicidios de 42 por cada cien mil habitantes a 23. Hablamos de casi un cincuenta por ciento de disminución”, recalcó, sosteniendo que la medida fue clave en ese resultado.
El reto del nuevo gobierno: seguridad sin excepción
Con el vencimiento del estado de excepción, el foco se traslada ahora al nuevo gobierno y a la forma en que redefinirá la política de seguridad.
Para Leandro Osorio, exoficial de la Policía Nacional, el cambio no puede limitarse a eliminar la medida sin ofrecer alternativas claras.
“El nuevo presidente ha dicho que abolirá el estado de excepción, pero se deben buscar otras estrategias. El crimen organizado y el crimen común requieren tratamientos distintos, y al menos un 80% del esfuerzo debe centrarse en la prevención”, sostiene.
Osorio plantea un enfoque basado en disuasión del delito mediante programas sociales, uso de tecnología y fortalecimiento institucional, dejando solo un porcentaje menor para la reacción inmediata.
El fin del estado de excepción no solo cierra una etapa marcada por prórrogas consecutivas y debates intensos, sino que deja al descubierto una demanda pendiente: construir una política de seguridad profesional, eficaz y respetuosa de los derechos.
Tras 26 renovaciones, Honduras entra ahora en una fase donde el verdadero desafío será demostrar que la seguridad puede sostenerse sin medidas extraordinarias y con resultados que la población sí logre sentir.
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