La ausencia del Estado, junto al estancamiento económico, violencia y corrupción, facilitaron el avance de redes que erosionaron la democracia.
La ausencia del Estado no surge de la nada ni es un accidente administrativo. Es el resultado de un modelo económico que concentra el crecimiento en pocos sectores y territorios, dejando amplias regiones del país sin empleo digno, servicios públicos ni inversión productiva. En ese vacío, advierte el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), avanzan las economías ilícitas, la extorsión y las redes criminales, debilitando la confianza ciudadana y la gobernabilidad democrática.
La ausencia del Estado no es una idea abstracta ni un concepto técnico: tiene consecuencias concretas. Allí donde las instituciones no llegan, donde el empleo es precario y la economía se estanca, avanzan las redes criminales.
Esa es la advertencia central que plantea el FOSDEH en el análisis: Economía para la Democracia. Estrategias de Desarrollo Inclusivo y Territorial en Honduras.
En ese documento señalan que la combinación de estancamiento económico, violencia y corrupción permitieron que economías ilícitas ocupen el vacío institucional en amplias regiones del país.
Ausencia del Estado y economías ilícitas en expansión
El Fosdeh sostiene que la expansión de economías ilícitas y redes criminales no puede entenderse sin analizar primero la ausencia del Estado en los territorios.
En regiones del interior y del litoral caribeño, la debilidad institucional, la falta de empleo formal y la precariedad económica han permitido que actores ilegales ocupen funciones que deberían corresponder a las instituciones públicas, imponiendo reglas informales que desalientan la inversión y refuerzan la desconfianza ciudadana.
Ese es un factor determinante para el crecimiento de redes criminales, prácticas de extorsión y esquemas clientelares que hoy afectan la vida económica y social de numerosas comunidades.
Este fenómeno no solo inhibe la inversión privada, sino que refuerza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
Según el análisis, cuando “el Estado no garantiza seguridad, justicia ni condiciones mínimas para la actividad productiva, otros actores ocupan ese espacio”.
Así, imponen reglas informales que profundizan la desigualdad y debilitan la gobernabilidad democrática.
Informalidad laboral y estancamiento económico
El informe advierte que más del 74 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, una realidad estrechamente vinculada a la ausencia del Estado en materia de regulación, empleo digno y protección social.
Esta situación limita la productividad, reduce la recaudación fiscal y perpetúa la exclusión, especialmente entre jóvenes, mujeres y población retornada.
A ello se suma una estructura productiva dependiente de importaciones, con bajo valor agregado y escasa capacidad para generar empleo estable, lo que mantiene a amplios sectores de la población atrapados en economías de subsistencia.
Para el Fosdeh, esta masiva informalidad no es solo un problema laboral: debilita la capacidad del Estado para recaudar, invertir y sostener políticas públicas en los territorios.
La consecuencia es un círculo vicioso donde menos ingresos públicos significan menos presencia institucional, lo que a su vez profundiza la precariedad y facilita la expansión de prácticas informales o ilícitas.
Desigualdad territorial y abandono institucional
El informe advierte que esta desconexión entre políticas nacionales y realidades territoriales erosiona directamente la confianza ciudadana.
Más del 70 % de la población expresa insatisfacción con el funcionamiento de la democracia.
Esa es una señal de que las instituciones no responden a las expectativas sociales ni económicas de la ciudadanía.
El Fosdeh señala que la falta de inversión en infraestructura estratégica: caminos rurales, sistemas de riego, electrificación, conectividad digital y servicios básicos de salud y educación, profundizan las brechas entre regiones.
“Este abandono eleva los costos de producción, reduce la competitividad nacional y deja a comunidades rurales y del litoral caribeño en condiciones de alta vulnerabilidad económica y social”, dice el Fosdeh.
Impacto ambiental y fragilidad productiva
El análisis también incorpora el deterioro ambiental como un factor que agrava la crisis.
La deforestación, la expansión de monocultivos y la vulnerabilidad climática afectan directamente la sostenibilidad económica de comunidades rurales.
En particular de MIPYMES agrícolas que operan sin acceso a financiamiento ni seguros.
En estos contextos, la ausencia del Estado limita la capacidad de respuesta ante choques climáticos y profundiza la precariedad de los medios de vida locales.
Propuestas para cerrar el vacío estatal
El Fosdeh concluye que la democracia no puede sostenerse sobre un modelo económico que excluye territorios, precariza el empleo y debilita la institucionalidad.
Mientras la ausencia del Estado siga siendo la norma en amplias regiones del país, el espacio seguirá siendo ocupado por economías ilícitas y redes criminales.
Revertir esa dinámica, advierte el Foro, exige cambios estructurales que conecten desarrollo económico, equidad territorial y fortalecimiento institucional.
Para el Fosdeh, la democracia se debilita cuando la ausencia del Estado se vuelve permanente y las oportunidades económicas no llegan a los territorios.