Francia confirmó a Tunota.com que brindó resguardo a Ana Paola Hall por más de 30 días, ante amenazas recibidas durante el proceso electoral de 2025.
El Gobierno de Francia brindó resguardo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, durante una de las etapas más sensibles del proceso electoral hondureño, confirmó este jueves a Tunota.com el embajador francés en Honduras, Cédric Prieto.
Según la información oficial proporcionada por el diplomático, Hall permaneció más de 30 días bajo resguardo en la residencia de la Embajada de Francia en Tegucigalpa, como una medida de protección ante las amenazas recibidas mientras ejercía sus funciones al frente del órgano electoral durante el desarrollo de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
El acompañamiento brindado por Francia permitió que la consejera presidenta del CNE continuara desempeñando su cargo con condiciones mínimas de seguridad y estabilidad, en un momento particularmente delicado para la institucionalidad democrática del país, marcado por tensiones políticas, cuestionamientos públicos y advertencias de posibles acciones judiciales.
Ante ello, la funcionaria electoral relató en su cuenta de X, que la noche del 11 de diciembre de 2025 enfrentó un intento de aprehensión ilegal que la obligó a salir de su vivienda en medio de una situación de alta tensión e incertidumbre.
Hall destacó que, ante la falta de un lugar seguro, recibió el respaldo del embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, quien le brindó resguardo en la residencia diplomática, lo que permitió salvaguardar su libertad personal y garantizar la continuidad de sus funciones al frente del CNE en un momento clave del proceso electoral.
La funcionaria subrayó que este apoyo fue determinante para que el órgano electoral pudiera avanzar hacia la declaratoria de las elecciones generales, y calificó la actuación del diplomático francés como un gesto de valentía y defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos.
Amenazas y contexto electoral
Durante el proceso electoral, Hall y la consejera Cossette López denunciaron públicamente haber sido objeto de amenazas, en un entorno de alta presión política y mediática.
Ambas funcionarias señalaron que existían intentos de obstaculizar la declaratoria oficial de los resultados electorales, lo que incrementó el riesgo personal y la incertidumbre institucional.
El 22 de diciembre de 2025, Hall y López emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron una “evidente persecución política”, la cual —según expresaron— tenía como finalidad impedir la declaratoria de las elecciones generales y frenar la alternabilidad en el ejercicio del poder.
“Nuestra situación responde exclusivamente a la evidente persecución política de la que somos víctimas por parte de quienes no desean que se haga la declaratoria de elecciones”, afirmaron las consejeras en ese pronunciamiento público.
Anuncio del Ministerio Público
Posteriormente, el 31 de diciembre de 2025, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que el Ministerio Público iniciaría acciones judiciales relacionadas con hechos ocurridos durante el proceso electoral.
Zelaya aseguró que el ente acusador actuó con responsabilidad constitucional y que no interrumpió ninguna de las etapas del proceso electoral, aunque anunció que se presentarían acciones judiciales con el objetivo de esclarecer lo sucedido y sentar precedentes para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Este anuncio incrementó las tensiones en torno al CNE y reforzó los temores expresados por las consejeras sobre posibles acciones que, a su juicio, podían afectar el funcionamiento del órgano electoral en un momento clave.
Medida cautelar a favor de Hall
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de su Sala de lo Constitucional, resolvió declarar con lugar una medida cautelar a favor de Ana Paola Hall.
La decisión se adoptó dentro del amparo administrativo número 0042-2026, interpuesto por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, quien actuó en representación de la consejera presidenta del CNE.
La Sala ordenó la suspensión provisional de cualquier diligencia investigativa y prohibió la presentación de un requerimiento fiscal contra Hall, mientras no se agote el procedimiento constitucional de juicio político y, en caso de existir responsabilidad, se produzca una eventual destitución conforme a la ley.
Asimismo, se instruyó al Ministerio Público a desistir temporalmente de realizar investigaciones que puedan afectar el funcionamiento eficaz del CNE, especialmente aquellas vinculadas al reciente proceso electoral, mientras se resuelve el fondo del recurso de amparo.
La medida cautelar otorgada por la Sala de lo Constitucional y el respaldo internacional evidencian la complejidad del momento político vivido tras las elecciones generales de 2025, así como la centralidad del CNE en la defensa del orden democrático y constitucional de Honduras.