La ONU condenó el ataque contra una cooperativa campesina en el Bajo Aguán que dejó un muerto y alertó por un patrón persistente de violencia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras condenó este martes el ataque armado contra la cooperativa campesina “9 de agosto”, localizada en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, un hecho violento que dejó como saldo una persona muerta y que, según denuncias preliminares, habría sido perpetrado por un grupo armado ilegal.
A través de un comunicado oficial, la Oacnudh expresó su preocupación por lo ocurrido y señaló que este hecho se suma a un “patrón recurrente de violencia y violaciones de derechos humanos” en esta conflictiva región del Caribe hondureño, históricamente marcada por disputas agrarias y enfrentamientos armados.
La Oficina de Naciones Unidas reconoció la “intervención oportuna” de las fuerzas de seguridad del Estado tras los incidentes registrados el pasado sábado; no obstante, advirtió que las acciones reactivas no son suficientes para frenar la escalada de violencia que afecta de manera constante a comunidades campesinas del Bajo Aguán.
En ese sentido, la Oacnudh reiteró la urgencia de fortalecer la presencia efectiva y permanente de las instituciones de seguridad y justicia en la zona, así como de impulsar una respuesta integral, sostenida y duradera por parte del Estado hondureño, orientada a atender los desafíos estructurales relacionados con el acceso, uso y tenencia de la tierra.
Conflicto agrario sin solución
El Bajo Aguán ha sido durante décadas uno de los principales focos de conflicto agrario en Honduras. En 2022, el Gobierno nombró una comisión especial con el objetivo de buscar una solución definitiva a las disputas por la tierra en esta región; sin embargo, hasta la fecha, los avances han sido limitados y el conflicto continúa generando hechos de violencia.
Según organizaciones de derechos humanos, alrededor de 200 personas —entre campesinos, guardias de seguridad privada y agentes policiales— han muerto en distintos enfrentamientos armados relacionados con la tenencia de la tierra en el departamento de Colón, lo que refleja la gravedad y persistencia del problema.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha señalado en reiteradas ocasiones que entre las principales causas del conflicto se encuentran la histórica disputa por la propiedad de la tierra, la falta de seguridad jurídica, la limitada capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y la presencia del crimen organizado, que ejerce control territorial en varias zonas del Bajo Aguán.
Impunidad y violencia persistente
A estos factores se suman, según Conadeh y otras organizaciones civiles, los altos niveles de impunidad y la escasa investigación de los crímenes cometidos contra personas vinculadas directa o indirectamente al conflicto agrario, lo que contribuye a perpetuar el ciclo de violencia.
En su pronunciamiento, la Oacnudh insistió en que el Estado hondureño debe garantizar la protección de las comunidades campesinas, así como el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, mediante investigaciones diligentes, imparciales y efectivas que permitan identificar y sancionar a los responsables de estos ataques.
“La persistencia de la violencia en el Bajo Aguán evidencia la necesidad de una estrategia integral que combine seguridad, justicia, desarrollo social y soluciones estructurales al conflicto agrario”, subraya el comunicado del organismo internacional.
Mientras tanto, las comunidades campesinas de la zona continúan viviendo en un contexto de alta vulnerabilidad, a la espera de respuestas concretas que permitan frenar los ataques armados y avanzar hacia una solución pacífica y duradera a uno de los conflictos más prolongados y complejos del país.