La Corte IDH condenó a Honduras por graves fallas al investigar la muerte de la mujer trans Leonela Zelaya, detenida ilegalmente y asesinada en 2004.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó este lunes al Estado de Honduras por las “graves deficiencias” en la investigación de la muerte de Leonela Zelaya, una mujer trans que fue detenida de manera ilegal y arbitraria por agentes policiales y que apareció asesinada en 2004 en Comayagüela.
De acuerdo con la sentencia, leída por el presidente del tribunal, el juez Rodrigo Mudrovitsch, el Estado hondureño incurrió en responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de Zelaya, al no realizar una investigación diligente, efectiva y con enfoque diferenciado, pese a que el caso se desarrolló en un contexto de violencia sistemática contra personas trans.
Leonela Zelaya fue hallada muerta con una puñalada en el pecho el 7 de septiembre de 2004, en una calle de Comayagüela, cinco días después de haber sido detenida por última vez.
Según consta en el fallo, su cuerpo permaneció toda la noche en la vía pública, sin que las autoridades procedieran de inmediato a su levantamiento ni a la preservación adecuada de la escena.
Detenciones ilegales y arbitrarias
La Corte IDH estableció que Zelaya, quien se dedicaba al trabajo sexual y vivía en condiciones de pobreza, fue detenida en tres ocasiones durante ese mismo año, de forma ilegal y arbitraria.
En una de esas detenciones, ocurrida un mes antes de su asesinato, fue golpeada con porras y culatazos, además de que se le negó asistencia médica pese a presentar heridas visibles y fiebre, producto de las agresiones.
Estos hechos fueron documentados y denunciados por la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy Human Rights, que acompañó el caso ante instancias internacionales.
La Corte recordó además que Zelaya era portadora de VIH, una condición que incrementaba su vulnerabilidad y exigía un trato diferenciado por parte de las autoridades estatales.
En su resolución, el tribunal señaló que Honduras no identificó adecuadamente a la víctima, no agotó líneas de investigación vinculadas al contexto de violencia contra mujeres trans y excedió el plazo razonable para esclarecer los hechos, lo que profundizó la impunidad del caso.
Fallas al investigar asesinato
Estas omisiones, subrayó la Corte, también vulneraron los derechos de la pareja de Zelaya, Thalía Rodríguez, quien durante años ha buscado justicia sin obtener respuestas efectivas del Estado.
“La falta de una investigación seria, imparcial y con enfoque de género y diversidad constituyó una violación a las obligaciones internacionales del Estado”, concluyó la Corte IDH en su sentencia, en la que también hizo referencia al contexto estructural de discriminación que enfrentan las personas trans en Honduras.
Como parte de las medidas de reparación, el tribunal ordenó al Estado hondureño reabrir y realizar una investigación penal efectiva, con el objetivo de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la muerte de Leonela Zelaya. Asimismo, se instruyó al Estado a adoptar medidas que garanticen la no repetición de hechos similares.
Organizaciones de derechos humanos en Honduras han denunciado de forma reiterada los asesinatos, agresiones y abusos contra personas de la comunidad LGBTI, en un país marcado por una fuerte influencia conservadora y religiosa.
Según estos colectivos, la mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad, lo que refuerza la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones encargadas de garantizar justicia y protección.