Dos exmilitares entraron de madrugada a una vivienda en Comayagüela y dispararon contra un abogado indefenso. Un año después, se dictó sentencia.
Josué Israel Cáceres Alvarado, abogado, dormía cuando la muerte cruzó la puerta de su casa. Eran aproximadamente entre las 2:00 y las 2:30 de la madrugada del 5 de noviembre de 2024 cuando dos hombres ingresaron a la vivienda ubicada en la residencial Lomas del Toncontín, en Comayagüela.
No forzaron una discusión, no hubo advertencias. Fueron directamente a su dormitorio.
Ahí, mientras descansaba, le dispararon en reiteradas ocasiones. El ataque fue rápido, directo y letal.
No fue un asalto improvisado ni un acto impulsivo: fue una acción ejecutada con precisión contra un objetivo específico.
Gravemente herido, el abogado fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, donde finalmente perdió la vida a causa de las heridas provocadas por los impactos de bala.
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La huida y las primeras pistas en el asesinato del abogado
Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron del lugar en un vehículo tipo turismo, un Nissan Sentra color beige.
Esa huida marcó el inicio de una investigación que se extendería por meses y que permitiría reconstruir el recorrido de los responsables.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de su sección especializada en muertes de personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, que, junto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), logró identificar a los autores materiales del asesinato.
Dos exmilitares señalados como responsables
Las investigaciones condujeron hasta Milton Salvador Vargas Urbina y Edwin Ricardo Pérez Montoya, ambos exmilitares, a quienes señalan como los responsables directos del crimen.
Su captura no solo reveló quiénes dispararon, sino también un elemento que estremeció aún más el caso: quienes ejecutaron el asesinato eran personas con formación militar, entrenadas para el uso de armas y tácticas de operación.
El proceso penal avanzó hasta que ambos aceptaron su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado, una vía legal que permitió concluir el caso sin llegar a un juicio oral y público.
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La sentencia: 15 años de prisión
Más de un año después del asesinato, el caso llegó a su desenlace judicial.Un tribunal impuso una condena de 15 años de prisión a cada uno de los exmilitares por el asesinato del profesional del derecho.
La sentencia marca un cierre formal al expediente, pero no borra la brutalidad del crimen ni el impacto que dejó: un abogado asesinado mientras dormía, dentro de su propia casa, sin oportunidad de defenderse.
Quince años de cárcel no devuelven una vida ni borran una madrugada marcada por el terror.
Pero la sentencia deja constancia de algo esencial: el crimen se probó, los responsables fueron identificados.
Este fue un asesinato ejecutado con frialdad contra un abogado que nunca despertó para defenderse.