La Corte ordenó suspender cualquier acción penal contra Ana Paola Hall sin juicio político previo, al considerar riesgo a la institucionalidad electoral.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este martes declarar con lugar una medida cautelar que ordena la suspensión de diligencias investigativas y la prohibición de presentar requerimiento fiscal contra la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.
La decisión fue adoptada en el marco del amparo administrativo número 0042-2026, interpuesto por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, quien actuó a favor de Hall en su condición de consejera propietaria del órgano electoral.
Según lo expuesto por el recurrente, el amparo se interpuso contra actuaciones atribuidas a Johel Antonio Zelaya, fiscal general de la República, y al Ministerio Público, a través de la Unidad Especial contra Delitos Electorales, relacionadas con investigaciones penales que —según la defensa— afectan directamente el desempeño constitucional de Hall como consejera del CNE.
El recurso advierte que dichas diligencias representan una amenaza real e inminente de que se intente presentar, en cualquier momento, un requerimiento fiscal contra la funcionaria electoral, lo que contravendría disposiciones constitucionales que protegen a los altos funcionarios electos por el Congreso Nacional.
De acuerdo con el planteamiento jurídico, no se puede ejercer acción penal contra una consejera del CNE por actuaciones estrictamente vinculadas a sus atribuciones constitucionales, salvo que previamente se haya agotado el procedimiento de juicio político y, en su caso, se haya producido una destitución conforme a la ley.
Resolución de la Sala Constitucional
Tras analizar los argumentos, la Sala de lo Constitucional, con base en los numerales 1 y 2 del artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resolvió:
- Declarar con lugar la medida cautelar solicitada, bajo la responsabilidad del recurrente.
- Ordenar al Ministerio Público la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, la interposición de un requerimiento fiscal, sin que antes se haya cumplido en su totalidad el procedimiento de juicio político y únicamente en el caso de que se determine responsabilidad y se proceda a la destitución de la funcionaria.
Asimismo, la Sala ordenó que se notifique al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas, para que desista temporalmente de realizar investigaciones que puedan afectar el funcionamiento eficaz del CNE, particularmente en relación con el reciente proceso electoral.
La resolución también establece que esta suspensión se mantendrá mientras la Sala resuelve el fondo del amparo constitucional o emita una orden distinta conforme a derecho.
Protección a la institucionalidad electoral
En su argumentación, Solórzano indicó en una entrevista al noticiero Hoy Mismo, de TSi, que la Sala Constitucional advierte que permitir investigaciones penales sin los filtros constitucionales correspondientes podría vulnerar el equilibrio institucional, especialmente en un contexto postelectoral sensible.
Además, que el fallo subraya que los funcionarios electos por el Congreso Nacional gozan de garantías especiales, precisamente para evitar que el sistema penal sea utilizado como mecanismo de presión política o de interferencia en funciones constitucionales.
En ese sentido, indicó que la decisión busca preservar la independencia del CNE, evitando que sus autoridades enfrenten procesos que, sin el debido procedimiento, puedan afectar la credibilidad y estabilidad del sistema democrático.
Cossette López denuncia ‘justicia selectiva’
En paralelo a la resolución a favor de Hall, la consejera vocal del CNE, Cossette López, denunció públicamente lo que calificó como un trato desigual por parte del sistema de justicia.
A través de un mensaje publicado en la red social X, López afirmó que han transcurrido más de dos meses desde que presentó un amparo constitucional para la protección de sus derechos, sin que hasta la fecha haya sido admitido.
“Mientras algunos casos se resuelven en menos de 24 horas, otros permanecen congelados”, expresó la funcionaria, quien aseguró que esta situación ha permitido chantajes, negociaciones políticas y la exclusión de quienes son considerados adversarios.
La consejera cuestionó abiertamente a quiénes influyen en las decisiones judiciales y advirtió que no dejará de denunciar lo que considera una “justicia selectiva” que pone en riesgo las garantías constitucionales y el futuro de quienes integran el órgano electoral.
