Cierre de accesos, imposición de decisiones y la restricción al trabajo legislativo configuran, según la experta, el secuestro institucional.
Sí, el Congreso Nacional de Honduras muestra signos de estar secuestrado institucionalmente, advierte la constitucionalista Ruth Lafosse.
Resalta que no se trata de una pugna política común ni de desacuerdos parlamentarios, sino de la toma de facto de un poder del Estado mediante el control físico del edificio y la sustitución de la ley por la fuerza.
Para la experta, cuando los diputados no pueden ingresar libremente, sesionar ni deliberar, el Congreso deja de cumplir su función constitucional y se convierte en una institución capturada, con consecuencias graves para la democracia hondureña.
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Por qué la constitucionalista habla de “secuestro del Congreso”
La advertencia no es retórica. Lafosse enumera elementos concretos que, en su criterio, configuran un secuestro institucional del Poder Legislativo:
1. Control físico del edificio legislativo
El primer indicio es el cierre y resguardo del Congreso, que impide el acceso libre de los diputados. Para la jurista, ninguna autoridad puede decidir quién entra al Parlamento por la fuerza, porque el edificio no pertenece a una facción, sino al pueblo hondureño.
2. Bloqueo del ejercicio parlamentario
Al impedir el ingreso, se anula el derecho y el deber constitucional de legislar, debatir y representar a los electores. Un Congreso que no puede sesionar, advierte, está paralizado por coerción, no por mandato legal.
3. Sustitución de la ley por la fuerza
La constitucionalista enfatiza que “la fuerza jamás puede reemplazar a la norma“. Cuando se imponen decisiones sin procedimientos legales, se rompe la esencia del Estado de derecho y se abre la puerta a un precedente peligroso.
4. Apropiación indebida de un poder del Estado
El Congreso no es propiedad de personas, partidos ni juntas de seguridad. Restringir su funcionamiento equivale, según Lafosse, a expropiar la soberanía popular, ya que se limita la representación ciudadana.
5. Ruptura del orden constitucional
La suma de estos hechos configura, a juicio de la experta, una ruptura del orden democrático, una situación que activa responsabilidades jurídicas internas y puede escalar al plano internacional.
Una crisis que no es solo política
Lafosse advierte que el mayor riesgo es normalizar lo ocurrido como una disputa más entre actores políticos.
“No lo es”, sostiene. Lo que está en juego no es una agenda legislativa, sino la vigencia de la Constitución y la separación de poderes.
Sin un Congreso funcionando plenamente, se debilita el control al Ejecutivo, se paraliza la producción de leyes y se erosiona la confianza ciudadana en el sistema democrático.
¿Quién debe actuar para restablecer la legalidad?
Frente a este escenario, la constitucionalista apunta a acciones inmediatas:
- Las fuerzas de seguridad del Estado, obligadas a garantizar el libre acceso de todos los diputados y el funcionamiento del Congreso.
- La Sala de lo Constitucional, llamada a intervenir para restablecer el orden vulnerado y frenar cualquier abuso de poder.
Además, sectores jurídicos consideran que la situación podría ser conocida por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), al tratarse de una posible afectación a la democracia representativa.
Violencia dentro del Parlamento: el punto de quiebre
La crisis del Congreso Nacional no solo se expresa en bloqueos y restricciones de acceso.
En los últimos días, la violencia irrumpió directamente en el corazón del Legislativo, manchando aún más su ya debilitado funcionamiento institucional.
El jueves, minutos antes de una sesión parlamentaria en Tegucigalpa, un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada Gladis Aurora López, integrante del Partido Nacional.
El ataque ocurrió dentro del edificio del Congreso, un hecho sin precedentes recientes que encendió todas las alarmas sobre la seguridad y el control del recinto legislativo.
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Cuando el Congreso deja de ser Congreso
El mensaje de la alerta es contundente: si el Congreso solo funciona cuando conviene a quienes lo controlan, deja de ser un poder del Estado.
Se transforma en una institución cerrada, incapaz de cumplir su rol constitucional.
La advertencia ya está hecha y no admite indiferencia. Si el Congreso Nacional permanece cercado por la fuerza, no es solo un edificio el que está bajo control, sino el derecho de millones de hondureños a ser representados.
Y cuando el Parlamento es capturado, la democracia entera queda en riesgo.