El tribunal aceptó la totalidad de las pruebas contra los acusados por el asesinato del ambientalista Juan López. El juicio oral y público iniciará en junio.
La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medioambiente y corrupción admitió en su totalidad los medios de prueba presentados en el proceso penal por el asesinato del ambientalista y dirigente comunitario Juan Antonio López.
La información fue confirmada por José Salinas, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, tras la finalización de la audiencia de proposición de pruebas en la que comparecieron las partes procesales.
En esta causa figuran como imputados Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Tórrex y Lenín Adonis Cruz Munguía, acusados de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de López y de los derechos fundamentales.
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Según lo resuelto por el tribunal, se admitieron 15 pruebas documentales, 8 pruebas periciales, 5 testificales y 27 evidencias físicas, las cuales serán evacuadas durante el juicio oral y público. Salinas explicó que todos estos elementos probatorios serán incorporados en el debate para determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Inicio del juicio contra acusados por crimen de Juan López
El juicio oral y público ha sido programado para desarrollarse del 15 al 27 de junio del presente año, fechas en las que se espera la comparecencia de testigos, peritos y la presentación de los distintos medios de prueba aceptados por el órgano jurisdiccional.
Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 dentro de su vehículo, tras salir de una iglesia católica en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, donde se desempeñaba como delegado de la Palabra.
El crimen ocurrió pese a que el ambientalista contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de su labor pastoral, López era regidor de la Alcaldía de Tocoa por el partido Libertad y Refundación (Libre) y un reconocido opositor a un proyecto minero de la empresa Pinares Ecotek.
Su asesinato ha generado señalamientos contra autoridades municipales y ejecutivos de la empresa, los cuales han sido rechazados.
Organizaciones sociales, ambientales y líderes de la Iglesia católica han reiterado su exigencia de justicia y de que el crimen no quede en la impunidad.
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