La evaluación legislativa del fiscal general Johel Zelaya no es un hecho consumado, pero sí un escenario posible que dependerá del nuevo Congreso.
Aún no hay una decisión tomada ni un proceso en marcha; sin embargo, el escenario comienza a perfilarse. La evaluación legislativa del fiscal general Johel Zelaya es una posibilidad que podría abrirse con la instalación del nuevo Congreso Nacional, de acuerdo con el análisis de expertos.
El punto clave, subrayan, es que todo dependerá de la correlación de fuerzas en el Legislativo y de si los nuevos diputados deciden activar un análisis formal sobre el desempeño del Ministerio Público.
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La posible evaluación al fiscal general
Para el excoordinador regional de fiscales, Erasmo Jiménez, cualquier evaluación legislativa que se plantee debería basarse en resultados y no en percepciones políticas.
A su juicio, el debate que se escucha en espacios mediáticos no sustituye un análisis técnico del trabajo institucional.
Jiménez considera que, de darse una evaluación, el Congreso tendría que revisar si el Ministerio Público logró avances concretos en el combate a la corrupción y en los delitos vinculados al narcotráfico, así como si la persecución penal ha sido coherente o selectiva.
“Todo pasa por una evaluación de las actividades del Ministerio Público. Deberá verse si han tenido éxito, si han combatido la corrupción como el pueblo hondureño lo espera y cómo han actuado frente a delitos de narcotráfico”, señaló.
En ese contexto, la continuidad del fiscal general no está definida de antemano, sino sujeta a si el Congreso decide o no, abrir un proceso de valoración sobre la gestión del Ministerio Público.
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Llamados a juicio político elevan la presión política
En paralelo al debate sobre una eventual evaluación legislativa, sectores políticos han elevado el tono.
La vicepresidenta electa de Honduras, María Antonieta Mejía, afirmó que al fiscal general Johel Zelaya se le debería aplicar un juicio político por su accionar contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall.
“Que le apliquen juicio político, esa es la realidad, y la Constitución lo establece como un mecanismo”, expresó Mejía.
La diputada y próxima designada presidencial, aseguró que el comportamiento del fiscal general genera preocupación.
A estos señalamientos se sumó el diputado electo Rashid Mejía, quien reaccionó a una publicación del fiscal general sobre eventuales acciones judiciales relacionadas con el proceso electoral.
Mejía cuestionó su credibilidad y señaló la falta de actuaciones en casos sensibles, como el video que involucra a Carlos Zelaya.
Además, la forma en que se instaló el Congreso Nacional y el uso de cheques de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en la campaña del partido LIBRE.
“Usted se dedicó a demostrar que es un activista más del familión; su opinión hace mucho dejó de tener valor. Espere su juicio”, escribió el diputado electo.
Zelaya, por su parte, ha defendido la autonomía del Ministerio Público, al que “absolutamente nadie le va a decir a quién acusar y a quién no acusar”.
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Una decisión aún abierta
Analistas advierten que estos pronunciamientos políticos no sustituyen un proceso formal, pero sí configuran el contexto en el que podría discutirse una evaluación legislativa.
Insisten en que, por ahora, se trata de una posibilidad condicionada a la voluntad del nuevo Congreso y a los mecanismos que este decida activar.
Nada está resuelto. La evaluación legislativa del fiscal general y los llamados a un juicio político forman parte de un escenario en construcción, marcado por tensiones políticas y disputas institucionales.
Será el nuevo Congreso Nacional el que defina si abre ese debate y hasta dónde llega en esa intención de evaluación.
De esa decisión dependerá no solo el futuro de un funcionario, sino el mensaje que el Estado envía sobre el equilibrio de poderes y la independencia de justicia.
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