Las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. describen cómo el narcotráfico fue una estructura incrustada en el Estado venezolano.
Nicolás Maduro no surge del narcotráfico ni construye su poder desde el crimen organizado. Su ascenso es político: sindicalista, operador del chavismo, canciller durante seis años y finalmente heredero del proyecto bolivariano tras la muerte de Hugo Chávez en 2013.
Ese detalle es clave para entender la tesis judicial que hoy pesa sobre él. Maduro no “entra” al narco como un capo, sino que, según fiscales, hereda un Estado ya permeado por redes criminales y decide no desmontarlas.
Desde mediados de los años 2000, agencias antidrogas de Estados Unidos comenzaron a documentar la existencia del llamado Cartel de los Soles:
Esta es una estructura no convencional, integrada por altos mandos militares, funcionarios civiles y operadores políticos.
No era un cartel clásico con laboratorios o sicarios visibles, sino una red que:
- Garantizó protección institucional
- Permitió el uso de puertos, aeropuertos y rutas aéreas
- Aseguró impunidad judicial y militar
Cuando Maduro llega a la presidencia, esa red no desaparece. Según la acusación presentada en 2020 por el Departamento de Justicia de EE. UU., se consolida.
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Maduro y la acusación que define al Estado como herramienta criminal
El Departamento de Justicia sostiene que Maduro:
- Utilizó el poder del Estado para facilitar el tráfico de cocaína
- Protegió a organizaciones criminales aliadas
- Permitió que Venezuela funcionara como plataforma de tránsito hacia Estados Unidos y Europa
La acusación no lo presenta como un traficante operativo, sino como el garante político de una estructura criminal estatal.
El testigo que conecta las piezas: “el Pollo” Carvajal
El rol de Hugo Carvajal es central para sustentar esta narrativa. Carvajal fue:
- Jefe de inteligencia militar
- Hombre de confianza del chavismo
- Parte del núcleo que conocía órdenes, rutas y decisiones estratégicas
Tras ser extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable y aceptó cooperar con la justicia, entregando información sobre:
- Coordinación entre el Estado venezolano y redes de narcotráfico
- Vínculos con grupos armados como las FARC
- Conocimiento y aval político desde las más altas esferas del poder
Sus declaraciones no son opiniones, sino parte de un proceso judicial en curso, lo que les otorga peso probatorio.
De la corrupción al “narco-Estado”
La tesis que hoy sostienen los fiscales es contundente: el narcotráfico dejó de ser una infiltración para convertirse en una política de supervivencia del régimen.
Según esta visión:
- El crimen organizado financió lealtades
- El Estado garantizó protección
- El poder político coordinó silencios y permisos
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En ese esquema, Maduro no aparece como un actor marginal, sino como el jefe del aparato que permitió que el narco operara desde dentro del Estado.
El caso Maduro no redefine solo la figura de un presidente acusado. Plantea algo más profundo: cómo un Estado lo capturó el crimen organizado sin que el poder cambiara de manos.
No fue el narco el que tocó la puerta del poder. Fue el poder el que, según los fiscales, le abrió la puerta y le dio las llaves del Estado.