A horas de la declaratoria final, expertos señalan que la demora electoral obedece a partidos políticos y urgen reformas para fortalecer la institucionalidad.
A solo dos días de finalizar el año 2025, Honduras atraviesa un momento decisivo en su panorama político, marcado por la expectativa de la declaratoria oficial de las elecciones generales. Ante la situación, expertos piden paz social y transparencia institucional en el nuevo gobierno.
El pasado 24 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por las consejeras Ana Paola Hall, Cossette Osorio y el consejero suplente Carlos Enrique Cardona, emitieron la declaratoria oficial a nivel electivo presidencial.
Según los datos oficiales publicados en el portal del CNE, con el 99.93 % de las actas escrutadas, Asfura, candidato del Partido Nacional, obtuvo 1,481,462 votos, equivalentes al 40.26 % del total.
En segundo lugar, se ubicó Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,454,892 votos (39.54 %), seguido por Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 706,229 votos (19.19 %).
Análisis de los especialistas sobre el panorama electoral
Este lunes en Frente a Frente de canal 5, los especialistas Kenneth Madrid, Luis León y Juan Carlos Aguilar coincidieron en que, aunque el país se encuentra al límite del plazo legal de 30 días establecido para oficializar los resultados, no se ha incurrido en ilegalidad alguna.
Sin embargo, advirtieron que la demora responde principalmente a la conflictividad generada por los partidos políticos durante el proceso de escrutinio especial.
Luis León, analista político, fue enfático al señalar que la responsabilidad del retraso no recae directamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino en los representantes partidarios dentro de las juntas de verificación.
“El problema se generó por los representantes de los partidos políticos en las juntas especiales de verificación y recuento de votos que durante más de una semana no quisieron iniciar el proceso por intereses partidarios”, afirmó León.
Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de una nueva ley electoral que excluya a los partidos del control operativo del sistema.
Por su parte, el abogado y analista Kenneth Madrid destacó que este proceso refleja un cambio profundo en el comportamiento del electorado hondureño, con elecciones altamente cerradas que evidencian el debilitamiento de las lealtades partidarias tradicionales.
“Hay un millón de votantes flotantes que ya no responden a un solo partido. Esto obliga a reformas fuertes, porque la ley debe aplicarse y no interpretarse a conveniencia”, sostuvo.
Madrid subrayó que este fenómeno es consecuencia de elecciones sumamente cerradas, lo que evidencia un cambio significativo en la cultura del votante hondureño, quien ya no se rige por lealtades partidarias ciegas.
Hacia una nueva gestión pública y transparencia
Desde su perspectiva, Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió sobre el riesgo de narrativas de fraude utilizadas para polarizar el ambiente político, pero subrayó que la legitimidad del próximo gobierno dependerá de su capacidad para ofrecer resultados concretos.
“Si el gobierno que asuma en 2026 brinda cambios reales en salud, educación y vivienda, se disiparán las dudas sobre legitimidad”, expresó Aguilar.
El foro concluyó que el Congreso Nacional entrante, conformado en un 86% por nuevos diputados, enfrenta el desafío histórico de impulsar reformas electorales y administrativas en sus primeros seis meses, como condición indispensable para evitar futuras crisis postelectorales.
Los analistas coincidieron en que Honduras vive un proceso de aprendizaje democrático, donde la vigilancia ciudadana, la transparencia y la despolitización institucional serán claves para consolidar la paz social en el nuevo ciclo de gobierno.
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