La Corte del Distrito Sur de Florida condenó al dueño de Atlanco LLC a ocho años de prisión por liderar un esquema de sobornos dirigido a funcionarios hondureños.
Carl Alan Zaglin, de 70 años, director ejecutivo de Atlanco LLC, se sentó frente a la jueza Jacqueline Becerra de la Corte del Distrito Sur de Florida y escuchó lo que trató de evitar: ocho años de prisión y la orden de entregar más de dos millones de dólares producto de su conducta criminal.
El veredicto final llegó después de que, en septiembre de 2025, un jurado lo declarara culpable de liderar una conspiración de casi cinco años que garantizó contratos de uniformes y equipo policial en Honduras mediante sobornos.
Era el fin judicial de una trama tejida con facturas falsas, intermediarios y transferencias ocultas.
Zaglin, la sentencia por la red de sobornos
Para la fiscalía, no había dudas. Zaglin aprobó pagos disfrazados, su intermediario: Aldo Néstor Marchena, radicado en Florida, movía el dinero, y los funcionarios hondureños Francisco Roberto Cosenza Centeno y Juan Ramón Molina devolvían el favor adjudicando contratos millonarios a Atlanco.
Marchena ya fue condenado a siete años de prisión. Los dos exfuncionarios hondureños se declararon culpables y esperan sentencia.
Pero hoy, el protagonista es uno solo: Zaglin, el hombre que decidió comprar decisiones en un país que no tenía cómo detectarlo ni cómo detenerlo.
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Cómo operó en Honduras
Entre 2015 y 2019, Zaglin operó un mecanismo simple pero eficaz: crear facturas falsas por servicios inexistentes, mover el dinero a través de Marchena y pagar sobornos que garantizaran que Atlanco fuera proveedor preferente de uniformes policiales.
El caso lo desnudó una investigación de Homeland Security Investigations (HSI) Miami, con apoyo de autoridades de Belice, Colombia y España.
La evidencia incluía transferencias, comunicaciones internas, aprobaciones directas de Zaglin y contratos que coincidían con los pagos ilícitos.
El mensaje detrás de la sentencia
La condena en Florida envía un mensaje claro: la corrupción transnacional no se diluye en fronteras. Se persigue donde haya jurisdicción y pruebas.
Para Honduras, el eco es distinto. El caso recuerda que la red se rompió fuera del país, y que implicó más de más de 2 millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños.
En total, para obtener y retener contratos que sumaron más de 10 millones de dólares en adjudicaciones.
Carl Alan Zaglin ya tiene un destino sellado: una prisión federal. Y su nombre queda grabado como el del empresario que intentó comprar un sistema público… y terminó pagando el precio.
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