Honduras celebró elecciones sin garantizar los recursos para vigilar el origen y uso del dinero político.
La fiscalización electoral llegó a las elecciones generales de Honduras con una fractura que todos sabían, pero nadie corrigió.
El proceso se celebró sin que el Congreso Nacional aprobara ni desembolsara a tiempo los fondos para las instituciones encargadas de velar por la transparencia: el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).
En ese vacío presupuestario nació un escrutinio debilitado, incapaz de seguir el ritmo de la campaña y sin herramientas para supervisar el movimiento del dinero político.
Fiscalización debilitada: 54% cumplió, 46% quedó en opacidad
El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hércules, no maquilló el diagnóstico: apenas el 54% de los aspirantes a cargos de elección abrió y registró una cuenta de ahorros, requisito básico para iniciar la fiscalización del gasto en campaña.
“Solamente el 54 por ciento cumplió con el requisito”, recordó, dejando claro que casi la mitad de quienes pidieron el voto lo hicieron sin someterse a las reglas mínimas de control financiero.
Peor aún: menos del 1% de la totalidad de los candidatos presentó su informe de rendición de cuentas.
Casi nadie entregó la información que permitiría conocer cuánto gastaron, de dónde salió el dinero y cómo lo usaron.
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El presupuesto que nunca llegó y desarmó la fiscalización
Hércules admitió que la fiscalización estuvo condicionada por un obstáculo casi insalvable: la Unidad operó con un presupuesto limitado, que el Congreso Nacional asignó, pero nunca aprobó en tiempo y forma.
Mientras la propaganda electoral avanzaba, la UFTF insistía en el Legislativo para obtener su presupuesto especial, pero el desembolso nunca llegó a tiempo.
El resultado fue una supervisión tardía, incompleta y debilitada, justo en el momento en que el país más necesitó claridad sobre el financiamiento de campañas.
Fiscalización electoral: el costo de mirar hacia otro lado
Al cierre del proceso, la fiscalización quedó marcada por tres hechos:
El país celebró elecciones, sí, pero lo hizo sin garantizar que el origen y destino del dinero político estuvieran bajo escrutinio.
Y cuando la transparencia falla, la democracia tambalea.
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