La UFTF traslada a la PGR casi 500 casos de campañas sin informes financieros, revelando fallas estructurales en la rendición electoral.
Casi 500 expedientes por irregularidades en el financiamiento de campañas electorales comenzaron esta semana su recorrido en los despachos de la Procuraduría General de la República (PGR). Son casos que exponen una práctica persistente en los políticos hondureños: competir por el poder sin rendir cuentas claras sobre el dinero que sostiene las campañas.
La remisión fue realizada por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), que documentó incumplimientos reiterados en la entrega de informes financieros por parte de candidatos a alcaldías, diputaciones y otros cargos de elección popular.
No se trata de simples retrasos administrativos. Son omisiones sistemáticas que, juntas, suman una deuda con el Estado cercana a los 120 millones de lempiras.
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Políticos bajo la lupa: alcaldes, diputados y aspirantes
Los expedientes corresponden a candidatos a alcaldías, diputaciones y otros cargos de elección popular que no reportaron, en tiempo y forma, el origen y destino de sus recursos.
Según explicó la comisionada Ivonne Ardón, el universo total de casos sancionatorios alcanza los 1,475 expedientes, distribuidos principalmente entre:
- Aspirantes a corporaciones municipales.
- Precandidatos a diputaciones.
- Funcionarios sujetos a fiscalización electoral.
No hay, por ahora, candidatos presidenciales sancionados en las elecciones primarias de 2025. Pero el volumen de casos en otros niveles deja al descubierto un patrón: rendir cuentas sigue siendo la excepción, no la regla.
Multas, salarios mínimos y un agujero de 120 millones
Las sanciones no son simbólicas. Están diseñadas para golpear el bolsillo político:
- Alcaldes y corporaciones municipales: hasta cinco salarios mínimos.
- Diputados y precandidatos: hasta diez salarios mínimos.
Sumadas, estas multas representan un impacto económico que la PGR deberá ejecutar y recuperar para el Estado.
Ardón detalló que, si mil precandidatos logran subsanar sus faltas con informes tardíos, las sanciones plenas recaerían sobre al menos 475 responsables. Aun así, la cifra final sigue siendo millonaria.
Es dinero que nunca fue transparentado. Recursos que financiaron campañas sin pasar por el filtro legal. Fondos cuyo origen sigue siendo, en muchos casos, una incógnita.
Campañas opacas y democracia en riesgo
Más allá de los montos, el problema es estructural. Cada informe no presentado es una puerta abierta al financiamiento irregular: dinero ilícito, favores políticos, aportes ocultos, intereses privados infiltrándose en la función pública.
Cuando una campaña no rinde cuentas, la democracia pierde claridad. Y cuando la autoridad falla en exigirlas, pierde autoridad.
Lo que hoy revelan estos expedientes no es solo incumplimiento: es una cultura política donde esconder números resulta más rentable que mostrarlos.
La reforma pendiente
Consciente del vacío legal, Ardón fue directa: “el sistema necesita una reforma urgente”. La propuesta apunta al Congreso Nacional, donde debería discutirse una medida clave: Ningún precandidato que no rinda cuentas debería pasar a elecciones generales.
La misma regla aplicaría para candidatos electos: sin informes financieros claros, no deberían continuar en carrera política.
Sería un cambio de fondo. Pasar de las multas, muchas veces impagas, a una sanción verdaderamente disuasiva: cerrar el camino al poder.
Ahora, la pelota está en la cancha de la PGR. Deberá ejecutar las multas, perseguir el cobro y sentar precedentes. Pero el reto va más allá del trámite legal.
Los 500 expedientes enviados a la PGR son, en el fondo, un espejo incómodo: reflejan cómo se ha construido la política en la penumbra financiera. Hoy, ese espejo está frente al país.
La pregunta es si Honduras tendrá el valor de mirarlo… y corregir lo que revela.
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